Un caso ilustrativo lo tenemos en la privatización de ciertos hospitales de Madrid (ver noticia).
Algunos datos:
- la construcción del hospital de Majadahonda y su mantenimiento va a suponer pagar con dinero público a la empresa adjudicataria más de 1.500 millones de euros
- La Consejería de Sanidad ha gastado más de cinco millones de euros en contratos de consultoría y asistencia a los nuevos hospitales
- se ha suprimido la convocatoria de plazas de especialistas en Análisis Clínicos, Microbiología, Inmunología y Bioquímica (lo cual equivale a decir que el trabajo de estos profesionales se hará en empresas privadas)
El argumento habitual para privatizar un servicio público es terminar con la ineficiencia de los funcionarios y conseguir mayor flexibilidad para atender necesidades nuevas y más complejas.
Sin embargo, se oculta de manera interesada que las posibles ganancias en eficiencia y flexibilidad pueden ser desbordadas por unos costes mucho mayores: el pago a la empresas privadas por sus servicios.
Siguiendo la lógica capitalista de obtener el máximo beneficio, las empresas intentaran aplicar las tarifas más altas y minimizar los costes.
Las tarifas más altas implicarán un sobrecoste para el sector público (comparado con lo que costaría obtener el producto o servicio con sus propios medios).
Y, por otra parte, la reducción de costes implica con frecuencia la obtención de un producto o servicio final de inferior calidad. Dos ejemplos recientes de Barcelona: las obras del AVE y el hundimiento del tunel del Carmel.


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